Mediante
la segunda entrega del presente blog, obtuvimos un breve acercamiento a las
realidades ocultas detrás de la privatización de las prisiones.
Era
casi obvio suponer que, las ventajas de privatizar los recintos penales recaen
única y principalmente en las manos de los Estados que adoptan esta alternativa
y que, las desventajas, por el contrario, afectan en su totalidad a los
privados de libertad y en algunos casos a los oficiales de vigilancia
penitenciaria que pierden sus empleos.
En
centros penitenciarios privados estadounidenses, como pudimos evidenciar en la
entrega anterior, la población penitenciaria debía de realizar diferentes
trabajos, mismos que pese a ser remunerados; incluían un salario mínimo y,
además, existía una notoria carencia en cuanto a la calidad de la alimentación
y atención médica. Lejos de beneficiar a los reos, la privatización de las
prisiones solamente busca beneficiar a la empresa privada que está al mando y
por supuesto, al Estado, el cual se ahorra considerables cifras monetarias y,
además, se “desliga” de este sector de la población.
Es
por todo lo anterior, que países como Colombia realizaron diferentes críticas
dirigidas a esta alternativa y tomaron la decisión de no aplicarla en sus
cárceles, alegando que el irrespeto a los derechos humanos era más que
evidente, sin embargo, existe una pequeña contradicción pues en esta nación se presentan
altos índices de hacinamiento.
A
continuación, en esta tercer entrega, presentaremos diferentes hechos de
corrupción que se desarrollan dentro de las prisiones, directamente ejercidos
por algunos oficiales de la Policía Penitenciaria y, además, la posible
situación de privatización de las prisiones que se desarrolla en el sistema
penitenciario de Costa Rica.
Corrupción
de la Policía Penitenciaria
![]() |
Mayra Alejandra Bonilla. 2019.
Figura 3.
|
En
los centros penitenciarios de Costa Rica existen diferentes reglas y normas,
mismas que están establecidas y que son reguladas por el Reglamento Técnico del
Sistema Penitenciario de Costa Rica; en dicho cuerpo jurídico no solo se
encuentran las directrices que deben de seguir los privados de libertad,
también están contemplados los reglamentos bajo los cuales deben de desempeñar
sus labores los oficiales de Policía Penitenciaria, a los cuales les
corresponde la custodia, vigilancia y acompañamiento (principalmente cuando los
internos ameritan el traslado a hospitales) de las personas privadas de
libertad.
Ha
surgido desde hace muchos años, la idea de que los oficiales de policía recurren
a acciones de corrupción para beneficio propio; en diferentes ocasiones
presenciamos en medios de comunicación masiva que, estos individuos les
facilitan a los privados de libertad la posibilidad de poseer dispositivos
móviles como teléfonos celulares, drogas e inclusive armas blancas o de fuego.
Es
verdad que en algunas ocasiones se ha demostrado actos de corrupción o de abuso
por parte de algunos agentes de seguridad, pero los casos son mínimos y estos
nunca merecieron ser llamados servidores públicos y menos agentes de policía.
Cualquier persona civilizada comprende que por hechos aislados o por la
conducta de unas pocas personas, no se puede ensuciar el buen nombre de un
colectivo. (Benjamín Sevilla García, 2020)
La
contradictoria existe ¿son o no corruptos los oficiales de policía
penitenciaria?
El
autor citado en el párrafo anterior indica que, en efecto, se han dado casos de
corrupción, en los cuales, son los oficiales de Policía Penitenciaria quienes
los llevan a cabo, pero, como él menciona, “son mínimos” y hace alarde que,
quienes los perpetraron “no merecieron” sus puestos.
Los
medios de comunicación masiva representan una herramienta muy útil para acceder
a información que por sí solos, no podemos visualizar y es precisamente,
gracias a estos medios que nos hemos dado cuenta de situaciones violentas que
se desarrollan en los centros de privación de la libertad, ejercidos por los
oficiales en contra de los presos; un ejemplo muy claro es del abuso de
autoridad, cuando los oficiales arremeten contra estos, apoyados de bastones o
bien, cuando permiten que los presos más viejos, reciban de forma violenta a
los nuevos ingresos (especialmente cuando se trata de sentencias por abusos
sexuales).
Uno
de los casos más comunes de corrupción que se desarrolla en los centros
penitenciarios, al menos en lo que respecta a Costa Rica, se refiere al ingreso
de teléfonos celulares, quizá estos hechos no se den porque directamente un
oficial de policía le entrega el dispositivo a un reo, sin embargo, son los
oficiales quienes deben de requisar a las personas que ingresan a las cárceles
a realizar visitas, son estas mismas personas las que llevan consigo los
dispositivos y de algún modo, logran entregárselos a los presos que visitan;
entonces, desde mi punto de vista, existe la corrupción, pues los oficiales no
están ejecutando sus labores del modo correcto.
Si
desea conocer más sobre el ingreso de dispositivos celulares a los centros
penitenciarios costarricenses, Haga click en el siguiente enlace e infórmese:
Corrupción
en Privatización de Prisiones
Evidentemente,
en lo que respecta a los centros penitenciarios que han sido privatizados,
también existe un ápice de corrupción, mismo que se ve reflejado
específicamente en lo que respecta a materia económica.
(…)
al tratarse de la construcción y manejo de una cárcel privada, se conoce que
hay mucho dinero de por medio, que es un negocio a largo plazo y que quienes lo
manejan, desean mantenerse dentro del mismo a toda costa, lo que podría dar
cabida a actos de corrupción (…). (Edith Núñez Briceño y Frania Rojas Vindas,
2006, p.68)
Se considera que una de las
mayores ventajas que representa tanto para la empresa privada como para el
Estado, es el balance en cuanto a dinero, en cuanto al sector privado, este percibe
una mayor cantidad de ingresos, en vista de que se le paga la construcción de
la infraestructura y además, se le paga un monto por cada preso al día y por si
fuese poco, estos individuos trabajan a cambio de una remuneración mínima y por
otro lado, el Estado se beneficia en vista de que, el contrato con la empresa
privada refleja un costo menor, en comparación con la inversión si fuese el
mismo Estado el que asumiera todos los gastos de construcción y además, en
algunos casos este se desentiende de los privados de libertad.
Privatización de Cárceles en
Costa Rica
Costa
Rica se ha caracterizado, desde la declaratoria de las garantías sociales en
1948, como un país pacífico y soberano que ha luchado e impulsado los derechos
humanos de sus habitantes; ante esto y conociendo un poco sobre los efectos que
conlleva la privatización de las prisiones, plantearse la idea de que pueda adoptarse
esta medida en las cárceles costarricenses, se vuelve algo ilógica.
Se
planteó la idea, aproximadamente en 2004, de construir en Guápiles una cárcel
que fuese completamente privada, con un módulo de media seguridad para privados
de libertad peligrosos y con otro, de máxima seguridad para privados de
libertad altamente peligrosos, sin embargo, luego de analizar los pros y
contras que afectarían principalmente a la población privada de libertad; no se
efectuó la firma del contrato.
Por
el contrario, la ex Ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, alegó en 2016 que,
la única forma de privatización de prisiones en Costa Rica que podría definirse
sería para la construcción de infraestructuras, pues la aprehensión, abordaje,
seguimiento y rehabilitación de los privados de libertad era únicamente
competencia del Ministerio de Justicia y Paz.
¿Le gustaría conocer cómo viven algunos privados de libertad en Costa Rica? Visualice el siguiente vídeo y obtenga más información:
La
privatización de las prisiones no es más que, una puerta de oportunidades para
que tanto las empresas del sector privado como el Estado en sí, obtengan
numerosos beneficios que no hacen más que, desatender las necesidades de los
privados de libertad y además, dejar en el olvido el verdadero sentido con el
que fueron creados los centros penitenciarios, rehabilitar y reintegrar a la
sociedad a quienes delinquieron.
Referencias
Bibliográficas
AMELIARUEDA.com.
(2016). Opción de crear cárceles privadas en el país está descartada, confirma
Justicia. Recuperado de: https://www.ameliarueda.com/nota/opcion-de-crear-carceles-privadas-en-el-pais-esta-descartada-justicia
Bonilla,
M A. (2019). Los alcances de la corrupción en las cárceles de Ecuador. [Figura
3]. Recuperado de: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/los-alcances-de-la-corrupcion-en-las-carceles-de-ecuador/
Núñez
B, E y Rojas V, F E. (2006). Trabajo final de graduación la privatización de
las cárceles: el caso de costa rica. Recuperado de: https://aprende.uned.ac.cr/pluginfile.php/926785/mod_resource/content/0/La%20privatizacion%20de%20las%20carceles-Costa%20Rica.pdf
Sevilla
G, B. (2020). La Policía Penitenciaria. Recuperado de: https://anep.cr/la-policia-penitenciaria/
Autora:
Nohelia Calderón Hernández
Estudiante
de Licenciatura en Criminología, UNED, Costa Rica.
Abril,
2020.

Con respecto a la privatización de prisiones es evidente que aún es las prisiones estatales la violación de los diferentes derechos de los privados de libertad y la dignidad humana de los mismos está en una grave vulnerabilidad actualmente y desde tiempos antiguos también.
ResponderEliminarAhora lamentablemente hasta el día de hoy las acciones que los mismo funcionarios permiten realizar dentro de una celda a reos nuevos no se ha controlado ni se le ha puesto freno lo que da evidencia que es poco lo que se está haciendo por dar una buena utilización de los reglamentos que defienden los derechos y dignidades humanas en nuestro país , ahora con respecto a estas acciones no está de más proponer acciones o métodos que permitan capacitar de una mejor manera los funcionarios de estos centros e incluso tampoco estaría de más aplicar algún tipo de vigilancia remota hacia estos funcionarios para evitar actos de corrupción.
Por Ivannia Campos, UNED Costa Rica 2020